El foco del debate sobre la independencia de está fijado en las consecuencias políticas y jurídicas que la misma conlleva. No obstante, en este artículo nos gustaría aportar una visión económica del asunto, en términos meramente objetivos. Cataluña es un territorio que, por su potencial económico y demográfico, podría erigirse como un Estado independiente. Ahora bien, en un contexto de globalización creciente, debemos preguntarnos si una República catalana independiente es viable a nivel financiero.

El elevado grado de inseguridad jurídica que ofrece actualmente la Comunidad Autónoma, ha provocado la huida de grandes empresas catalanas pertenecientes al Ibex 35, así como la de otras de menor tamaño (PYMES). Todas ellas han escapado tratando de poner freno al brusco descenso de su reputación corporativa. Además, se están observando cambios en las preferencias de consumo de los individuos: se está produciendo un boicot a la compra de productos catalanes por parte de los menos favorables al independentismo; en este sentido, es relevante recordar que el mercado español es el máximo destinatario de los bienes de la Comunitat.

Cataluña tiene un superávit comercial con el resto del Estado español de, aproximadamente, unos 16.000 millones de euros, según datos del y el . Basándonos en precedentes históricos, como la reducción del comercio en un 90% que se produjo entre Chequia y Eslovaquia tras su separación, podemos prever que el superávit comercial catalán con España también se reduciría. En el mejor de los casos, si la actividad comercial con España sólo se redujese a la mitad (unos 8.000 millones de euros), el PIB catalán mermaría en un 4%, aproximadamente.

Además, las más de 6.400 empresas que han abandonado Cataluña en los últimos siete años, pueden ascender si se acaba produciendo la separación de España y, consecuentemente, de . Según un informe de la entidad , la Generalitat tendría pérdidas por encima del 20% de su PIB en el momento que quedara fuera de , debido a la merma en la competitividad que sufriría por el encarecimiento de sus exportaciones. También cabe nombrar la desconexión de Cataluña respecto del , ya que dejaría de percibir ayudas de liquidez o de crédito en caso de requerirlas tras su secesión. Una Cataluña independiente tampoco podría beneficiarse de los más de 1.400 millones de euros concedidos por los (2014-2020) para la formación de empleo y la creación de una economía sostenible, tal y como se prevé en la página oficial del ayuntamiento de .

España también sería partícipe de las pérdidas, al quedarse sin los 200.000 millones que aporta a nuestro PIB (alrededor del 20%) una de las Comunidades Autónomas con mayor potencial económico. Asimismo, España perdería un 16% de su población total y se vería afectada principalmente en el sector servicios, sobre todo, en la rama del turismo. En este sentido, Cataluña también se vería perjudicada, al dejar de beneficiarse de los fondos y ayudas españolas para mantener infraestructuras como el aeropuerto del Prat o el AVE, imprescindibles para el desarrollo de la actividad turística.

Los pensionistas catalanes también se verían afectados por esta situación (con aseguradas reducciones de las prestaciones que reciben), miles de trabajadores seguirían perdiendo sus puestos por la recolocación de compañías (el paro se duplicaría; según datos de la Estadística Mercantil del , solo en el segundo trimestre de 2017, Cataluña perdió 78 empresas) y el clima de incertidumbre provocaría subidas muy bruscas de la prima de riesgo. Todos debemos estar de acuerdo en que, sea nuestro posicionamiento ideológico el que sea, cuando existe un gran clima de incertidumbre se generan restricciones al crédito. Estas restricciones paralizan el funcionamiento normal de la economía, al afectar al consumo y, en consecuencia, a la producción.

En el ámbito fiscal, cabe remarcar que Cataluña alquila servicios a la y a Registradores de la Propiedad para liquidar impuestos propios. En 2016, el Govern destinó 27 millones a pagar a Registradores por la ayuda prestada en la liquidación de impuestos catalanes. Ese mismo año, también pagó 10 millones de euros a la Agencia Tributaria del Estado para que cobrara más de 30.000 deudas ligadas a impuestos de la Administración catalana. Si estas cifras ya son de por sí elevadas, imaginémonos cómo podrían aumentar los gastos de la Generalitat si tuviera que contratar personal propio para realizar todas estas tareas de forma autónoma o si tuviera que realizar toda la inversión inicial necesaria que todo ello conlleva.

Finalmente, las inevitables reducciones del PIB provocarían, a su vez, la existencia de déficit público. La autonomía que preside Quim Torra tendría complicado financiarse por sí misma en el mercado, al menos a corto plazo, dada la mala calificación que obtendrían sus bonos respecto de las grandes agencias. Según Standard & Poor’s, Cataluña estaría cuatro peldaños por debajo del grado de inversión, según Moody’s, tres y según Fitch, dos. Solo podría emitir estos bonos “basura” si estuviera dispuesta a pagar unos tipos de interés muy por encima de los que actualmente marca el mercado secundario.

Por tanto, una República catalana independiente no es viable a nivel financiero, al menos a corto plazo. La disminución de la calidad de vida de los catalanes sería muy drástica en el período de transición a un Estado independiente. Asimismo, España perdería un importante apoyo financiero, por lo que desde este escrito lanzamos un mensaje de unidad y diálogo para actuar en pro del bienestar social.

BIBLIOGRAFÍA

  • Círculo Cívico de Opinión, “Populismo: Qué, por qué, para qué”, en Cuadernos del Círculo, nº 19, abril, , 2017.
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  • Molina, C. y Bernardo, M., “Las 10 consecuencias económicas de una Cataluña independiente”, en CincoDías de El País Economía, Madrid/Bruselas, noviembre de 2014.