Dentro de una más que evidente crisis política en el Estado español y en el mundo en general, existen debates y conflictos de actualidad que llaman a la clase política a alcanzar grandes acuerdos que nos permitan acometer reformas estructurales que, desde mi punto de vista, resultan clave en nuestro Estado.

Una de las reformas estructurales que se va a afrontar próximamente es la modificación de la Autonómica, ya que hay una parte importante de territorios que no se sienten dignificados por dicha norma, pues consideran que el reparto fiscal que se viene realizando no resulta justo, argumentando que contribuyen al Estado español más de lo que les correspondería.

Cuando se plantea una reforma tan delicada y compleja como la que estamos tratando, lo primero que tenemos que aclarar es cuales son los objetivos que perseguimos con la financiación autonómica, porque va a condicionar reformarla en un sentido o en otro.

Con la nueva ley podemos optar por fortalecer aquellas zonas donde mayor renta per cápita y mayor actividad económica existe (, Catalunya, , y ), no teniendo tanto en cuenta a las regiones menos desarrolladas del estado. Aplicando este modelo podríamos adquirir un crecimiento económico rápido que se vería traducido en creación de puestos de trabajo y de un elevado dinamismo en las grandes urbes.

Pero también podemos optar por la opción de dotar a la nueva Ley de Financiación Autonómica de un marcado carácter redistributivo basándolo en dos elementos: caminar hacia la efectividad de la igualdad entre territorios, y hacer también de esta ley una clara lucha frente a la despoblación que sufren numerosos territorios del Estado español, que es la postura que desde mi punto de vista más se adecúa a las circunstancias y que mayor carácter estructural tiene, ya que la despoblación es uno de los retos a los que debemos hacer frente, ya no en el futuro, sino en el presente.

La realidad hoy es que hay diversas provincias con numerosos municipios en riesgo de desaparición, y ésas son principalmente , , , , , , , Guadalajara, , Cuenca, , , , y en un menor grado , , , , , , o . Y es más que evidente que para garantizar un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente no podemos abandonar los medios rurales por muy dificultosa que pueda resultar la vida en estos sitios.

Partiendo de esta realidad creo que hemos de ser conscientes de que es un problema del presente y hemos de hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para vertebrar el Estado territorialmente. Es cierto que la igualdad plena no se puede dar entre los distintos territorios, pero si hemos de garantizar igualdad de derechos a todos los ciudadanos vivan en el rincón del territorio que vivan. Y es aquí donde comenzamos a hablar de los recursos que son necesarios en cada punto de España para hacer efectivos los derechos prestacionales de los ciudadanos. Hay un factor fundamental que hemos de tener en cuenta y es la densidad de la población, es decir la extensión y el número de personas que habitan.

Para poner un ejemplo práctico me voy a centrar en comparar la ciudad de con la provincia de Cuenca. Sabadell tiene una extensión de 37,79 km2 y cuenta con una población de 208.246 habitantes, mientras que la provincia de Cuenca con una extensión de 17.141 km2 tiene 201.041 habitantes. Siendo objetivos, la efectividad plena de los derechos de un ciudadano de Sabadell no va a conllevar los mismos recursos que para uno de la provincia de Cuenca, ya que su gran extensión hace que tenga que haber mayor dotación de infraestructuras. Un conquense va a requerir de consultorios médicos repartidos por la provincia para tener una sanidad cuya calidad sea equiparable a la de la sanidad de un sabadellense, además de hospitales en puntos centrales de la provincia. Un conquense va a necesitar un mayor número de escuelas e institutos para que todos los ciudadanos tengan garantizado el nivel de educación que tenga un sabadellense. Un conquense va a necesitar una red de transporte más costosa para acceder a los servicios de forma eficaz con las mismas garantías que lo hace un sabadellense.

Observando esta realidad, podemos llegar a concluir que la solución podría ser llevar a cabo políticas de concentración de la población para reducir “costes” de las zonas rurales e invertir dichos recursos en los grandes polos de crecimiento económico. Pero desde mi punto de vista sería una equivocación, ya que no estaríamos afrontando el problema, sino que estaríamos profundizando en el mismo.

En mi opinión, en la reforma que estamos tratando debemos hacer lo contrario a lo contemplado en el párrafo anterior, es decir, emplear recursos para plantar cara a este fenómeno. Y lo debemos afrontar, en parte, con una Ley de Financiación Autonómica que ahonde en la solidaridad interterritorial, pero no únicamente para redistribuir la riqueza del Estado y garantizar una serie de condiciones comunes de todos los ciudadanos, sino también para crear nuevos polos de desarrollo económico en los puntos más desfavorecidos del Estado para conseguir una mayor cohesión social, y un crecimiento económico más estructural y diversificado que reduzca la vulnerabilidad del Estado a las coyunturas económicas. Y es que tan importante es el Corredor del Mediterráneo como la media España que agoniza a la espera de oportunidades.

Junto a la presente ley existen más instrumentos, como el Plan de Inversión Territorial Integrada que ha aprobado este año el gobierno de Castilla-La Mancha, así como el debate ya abierto en . Claro que la reforma de la Ley de Financiación Autonómica no puede pasar únicamente por luchar contra la despoblación, sino que tendrá más objetivos, pero desde mi punto de vista este elemento debe ser un tema de fondo frente a aquellos que proponen la reforma para comprar o vender sentimientos.

Existe derecho a la diferencia, pero no diferencia de derechos.