Cuando llega a nuestras manos alguna noticia sobre las condiciones laborales en China nos preguntamos como es posible que los organismos internacionales no puedan hacer algo para resolver ese terrible problema social y cual debe ser nuestra respuesta como consumidores.

La resolución del problema no puede dejarse en manos de las autoridades chinas. Las prioridades del gobierno chino están claras, la inestabilidad generada por la “agitación obrera” debida al malestar que reina entre los trabajadores puede desanimar a los inversores extranjeros, por lo que el régimen la combate con mano dura. En cualquier caso el régimen se ha protegido de las acusaciones internacionales de falta de respeto a los derechos internacionales, para ello ha aprobado leyes laborales que fijan el número máximo de horas y los salarios mínimos entre otros aspectos, sin embargo estas leyes no se cumplen en un gran número de casos y los trabajadores tienen dificultades para exigir que se respeten al no estar reconocido el derecho a la huelga.

En la práctica los empresarios imponen niveles salariales que se sitúan por debajo del salario mínimo y aplican estrictas penalizaciones a sus trabajadores que resultan en reducciones de su salario. La jornada laboral aprobada por ley, similar a la española, no se respeta en la práctica, sin embargo son habituales los casos de empresas donde las jornadas de trabajo alcanzan las 12 horas diarias y, si la demanda lo exige, el trabajador no disfruta de ningún día de descanso mensual. También son conocidas las deficiencias en términos de seguridad en el trabajo, en un país en el que ni siquiera se publican los índices de siniestralidad laboral, de servicios de salud para los trabajadores o de seguros de jubilación. Otro aspecto muy discutido en los últimos años es el de las vacaciones pagadas, cuya regulación, aunque reconocida por ley desde el 2000, no se comenzó a discutir hasta 2007, pero sin avances definitivos. Existe un borrador en el que se reconoce el derecho a cinco días libres anuales durante los diez primeros años de vida laboral, a diez días cuando se supere la década hasta alcanzar un límite previsto de 15 días de vacaciones remuneradas después de 20 años de trabajo. En la práctica las encuestas apuntan a que un gran número de trabajadores nunca han disfrutado de unas vacaciones.

¿Y cómo afectaría cambiar estas prácticas a la balanza comercial china? Supongamos que un empresario exportador quiere entrar en un país cuya legislación comercial exige el respeto de los derechos laborales, ¿qué cambios debe introducir? Pongamos el caso de una empresa que comete abusos “comedidos”, 10 horas diarias de trabajo unos 28 días al mes. Como un primer paso el empresario debe asumir una jornada de, pongamos por caso, 8 horas diarias 5 días a la semana, la jornada laboral máxima permitida en España y que está entre las más altas de Europa, lo que en una cuenta rápida supondría imponer una jornada laboral casi un 50% menor, no ya por el mismo salario, si no por uno suficiente para satisfacer unos requerimientos mínimos, un salario digno. La comparación salarial es más complicada, porque exigiría la valoración de los niveles de productividad, pero en la actualidad el salario medio chino está por debajo de la mitad del promedio mundial, un salario muy bajo para su productividad que ha estado entre las de mayor crecimiento en las últimas décadas, una media del 17% en la década de los 90 y principios de este siglo y cercanos al 10% desde el 2005 hasta el 2010, cuando las cifras para EEUU serían del 4 y el 2 %. En la actualidad se estima que la productividad China es entre una cuarta y una quinta parte de la de EEUU, mientras que los salarios medios anuales en el sector industrial son de una décima parte. A pesar de que el incremento salarial ha sido marcado en los últimos años, nuestro empresario exportador debería reducir su jornada laboral en un 50% al tiempo que dobla los salarios, eso sin mencionar otros cambios como mejoras en la seguridad, seguros médicos decentes o vacaciones. El resultado sobre los precios finales, y por tanto sobre la balanza comercial china, sería muy marcado.

El compromiso con los derechos de los trabajadores debería estar contemplado en cualquier acuerdo comercial, y las autoridades competentes deberían mirar con lupa el respeto de dichos derechos en aquellos países donde no se dude de su cumplimiento. La (OMC) ha planteado este tema, pero la creación de un cuerpo legislativo es muy compleja, a pesar de que la OMC debería trabajar dentro del marco del derecho internacional y de que, en términos económicos, la incorporación en la OMC sería un incentivo suficiente para que muchos modificaran sus legislaciones y prácticas.

Los argumentos para defender el uso de este tipo de políticas deben estar basados en el respeto por los derechos humanos, aunque las implicaciones económicas son muchas. Se puede considerar que los bajos precios de los productos chinos son el resultado de un dumping social orquestado por gobierno y empresas, o más bien dumping antisocial. Un mayor respeto por los derechos laborales en China, y en otros tantos países exportadores netos, reduciría las desventajas de costes que tienen los países más desarrollados, además de afectar positivamente a los balances comerciales de estos países al mejorar las rentas per capita de los exportadores netos, permitiendo a sus trabajadores mayores niveles de consumo y por tanto de importaciones. Por otra parte, unas leyes laborales más respetuosas tendrán un efecto en la mejora del bienestar social y, apoyado por datos empíricos, también incrementan la productividad del trabajador, permitiendo compensar, al menos en parte, el incremento de costes.

Para el exportador neto es una disyuntiva representada en términos económicos por la frontera tecnológica del crecimiento, una elección que debe hacer cada economía entre bienestar actual, medido como tasa de consumo presente per capita, y crecimiento. Hay otros muchos aspectos de los derechos humanos que resulta mucho más difícil expresar en términos económicos, pero que sin duda los gobiernos deberían contemplar a la hora de permitir el intercambio comercial. Los gobiernos deberían prestar atención a las denuncias de violaciones de los derechos humanos y restringir las relaciones con los países que las cometan. Al mismo tiempo los consumidores deberían ser críticos y no consumir productos de países donde se abuse de las condiciones laborales de la mano de obra. El resultado final no será una reducción drástica de las exportaciones, al fin y al cabo las empresas querrán seguir vendiendo y los países netamente exportadores querrán seguir apoyando sus canales comerciales, todos los agentes reaccionarían modificando sus prácticas, por lo que un argumento económico justificará la puesta en marcha de un compromiso social.

La aplicación de este tipo de políticas por parte de los gobiernos y de criterios exigentes por parte de los consumidores son elementos claves, pero no podrían mantenerse si no se realizan con el apoyo de otras instituciones, la ya mencionada OMC, la , la , los organismos internacionales de apoyo a la exportación, o las organizaciones financieras internacionales. Por encima de otros objetivos económicos todas estas organizaciones deben imponer criterios éticos en defensa del bienestar social. Este análisis se ha detallado para China por el importante incremento de sus exportaciones en las últimas dos décadas, sin embargo sus conclusiones debe trasladarse a otros países. La publica anualmente, con la excepción de 2012, una lista de países cuyos Gobiernos violan sistemáticamente los derechos de los trabajadores, lista que debería de ser punto de referencia para los gobiernos en la discusión de acuerdos comerciales internacionales.