El pasado 18 de octubre la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Supremo decidió aceptar el recurso de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas, fallando que debía ser la entidad financiera y no el cliente el que se hiciese cargo del pago del Impuesto de actos Jurídicos documentados, el conocido como “impuesto de las hipotecas”.

Tras el polémico fallo, el presidente de la Sala de lo Contencioso decidió abocar la decisión al pleno que finalmente falló que le correspondía al prestatario y no al prestamista, manteniendo así la jurisprudencia del (TS). Tras la decisión del Supremo la mayoría de bancos recuperaron sus valores en bolsa que habían caído durante las últimas semanas debido a la incertidumbre.

En este artículo nos centraremos en analizar las posibles consecuencias de la decisión del Supremo y de las que hubiese tenido si fueran los bancos los responsables del pago del impuesto.

En primer lugar, comentar que tras la decisión del supremo el Gobierno ha presentado un Decreto-Ley para que sean los bancos los que se hagan cargo a partir de ahora del pago del impuesto, obviando qué pasará en el caso de las cajas y especificando que estarán exentos del pago de impuestos cuando los contratantes de la hipoteca sean instituciones del estado, confesiones religiosas o partidos políticos.

Pese a que a priori cabe pensar que como consecuencia de este decreto los consumidores de hipotecas se ahorran el pago de este impuesto, lo cierto es que el efecto no será otro que la repercusión del coste del mismo a los clientes a través de un significativo incremento del diferencial hipotecario.

Y puesto que el importe del impuesto varía según las comunidades autónomas, es probable que los consumidores de aquellas comunidades con un tramo más bajo del impuesto acaben asumiendo un coste aún mayor que si tuviesen que hacerse cargo del impuesto.

Por otra parte, si analizamos el otro escenario posible, es decir que finalmente fuesen los bancos los que se hubiesen tenido que hacer cargo del pago del impuesto surgen varias posibilidades.

En primer lugar, si la decisión no hubiese tenido efectos retroactivos las consecuencias hubiesen sido las mismas que en el primer escenario. Sin embargo, la opción más posible hubiese sido que los bancos se hubiesen tenido que hacer cargo del pago del impuesto con una retroactividad de 4 años (tal como establece el Codigo Civil (CC), en relación a la acción de nulidad)

Como calculó la agencia de calificación Moody´s, los costes para el sistema bancario en este caso hubiesen sido de unos 4000 millones de Euros, una cifra parecida al coste que tuvo la anulación de la “cláusula suelo”, lo que hubiese supuesto un serio problema para el sector bancario.

Otra posibilidad hubiese sido que se impusiese un plazo de retroactividad de 15 años; en este caso, los cálculos contemplan que los bancos hubiesen tenido que asumir unos costes de 18.000 millones de euros (según Kepler Cheuvreux), siendo el riesgo sistémico para el sector bancario y la economía española aún más importante y de consecuencias más imprevisibles

En cualquier caso y tras la aprobación del Decreto-Ley falta saber cuáles serán las consecuencias de dicha decisión y cómo se repercutirá sobre los consumidores finales.

Bibliografía: