Los últimos resultados electorales muestran cómo no existe en España, por parte de la ciudadanía, un castigo automático de la actuación corrupta. El carácter orgánico que ha adquirido la corrupción deriva en que ésta se esté consolidando como una actividad tan habitual como admitida en nuestros días.

Los costes que conllevan las prácticas corruptas son de diversa índole, pues no solo existen consecuencias económicas, sino que los efectos adversos se transmiten, con igual trascendencia, a la esfera social. Los costes de oportunidad de la corrupción, es decir, aquello que se deja de ganar por llevar a cabo actuaciones enviciadas, constituyen una consecuencia sustancial. La eficacia del gasto público se ve altamente reducida, y esto porque, los sobresueldos y beneficios extraordinarios obtenidos por los corruptos generan, a modo de fórmula indisoluble, un acreciento de la carga impositiva del ciudadano. De manera adicional al coste fiscal, aquellos proyectos extremadamente costosos financiados con dinero público requieren, regularmente, un mayor control y estudio de su rentabilidad, factores que, a la luz de los acontecimientos, son esquivados con facilidad.

En un número demasiado escandaloso de ocasiones, los proyectos públicos han sido elegidos, no mediante un baremo reflejo de la conjunción de criterios económicos, sociales y de inversión, sino de manera que beneficien al solo interés individual y privativo de quien ostenta la legitimidad de decisión. Este hecho origina que las necesidades preminentes para el crecimiento y desarrollo de un país sean adoptadas en función del provecho de un particular, en cuya pirámide de prioridades carecen de apogeo la sanidad o la educación, en resarcimiento de otros proyectos secundarios o innecesarios para el tan olvidado interés público.

Respecto a las consecuencias sociales de la corrupción, un primer efecto, y con probabilidad, el más significativo, es la profunda y férrea desconfianza ciudadana hacia la clase política, a la que se considera impune. La irresponsabilidad opera bajo el lema de que la corrupción continuará durante el tiempo que el corrupto lo desee. Se ha producido un sentimiento de desánimo y pesimismo, del que se origina una percepción apolítica, una brecha significativa entre el pueblo y los partidos políticos, los dirigentes y la mayoría de las instituciones públicas.

Por su parte, la transparencia es calificada por varios economistas como “el antídoto de la corrupción”. Su carencia supone un estímulo, de un lado, a la creciente presencia de la economía sumergida; de otro, al fraude fiscal, pues aunque se trata de conceptos diferentes, se encuentran firmemente relacionados. La conciliación de los argumentos anteriores conlleva el desaliento del contribuyente, pues éste es consciente de que, precisamente aquellos que le exigen impuestos con cargo a finalidades estatales, disponen del presupuesto público en base a su oportuno incentivo. Esta premisa, sumada al hecho de que sea alto el número de gobernantes que recibe dinero no declarado, conlleva de forma casi automática auto-justificaciones a la evasión de impuestos, lo que se traduce en el decremento de los ingresos públicos. No resultan eficientes las técnicas llevadas a cabo por el Estado con el objeto de afianzar la denominada cultura de pago de impuestos –como recurrir a los medios de comunicación-, pues el código ético que se intenta promulgar a la ciudadanía es exigido primero por ésta a sus representantes.

Es difícil detener un problema cuya causa endógena es una variable tan subjetiva como el pensamiento del propio corrupto, el cual desfigura el carácter grave de las actuaciones que comete en base a la habitualidad de éstas en su ámbito profesional. No obstante, la sociedad juega un papel importante en la cesación de la corrupción; así, Fernando Vidal Fernández, sociólogo español, aboga con una cierta sensación de éxtasis, que uno de los factores por los que España inspira al mundo pasa por el hecho de que los ciudadanos españoles son, tal y como demostraron, ejemplificativamente, en el , una sociedad capaz de indignarse, luchar y resistir fervientemente contra el latrocinio de su país.