Nos encontramos en un momento donde las disputas territoriales en el Estado Español están a la orden del día, por lo que el sistema de financiación del País Vasco y vuelve a estar sobre la mesa. Algunos partidos critican abiertamente el cupo Vasco como un privilegio que se les concede a los nacionalistas para seguir contando con su apoyo en las respectivas legislaturas. Sin embargo, hay que resaltar que hasta ahora ninguno de los dos grandes partidos se ha opuesto a este acuerdo de financiación propia.

La autonomía vasca paga un cupo acordado al Estado por los gastos que asume de las competencias no transferidas del Estado Central, instituciones e infraestructuras (Defensa, Congreso, , Ave, puertos…). Este sistema fiscal privilegiado deriva del Concierto vasco y el acuerdo navarro, manteniendo así su régimen fiscal. El PNV puso como condición para el apoyo de la aprobación de los presupuestos del año 2017, que Rajoy renunciase a los 1500 millones de euros que Hacienda reclamaba al País Vasco, aceptando el presidente del gobierno dicha exigencia. Cada vez los partidos nacionalistas exigen tratos más favorables, en el caso del País Vasco, sabiendo que es una de las comunidades con la renta per cápita más alta, no aporta lo suficiente de acuerdo al principio de progresividad; como resultado, Euskadi se encuentra con un superávit fiscal en sus balanzas.

Mantener privilegios forales, que vienen de épocas pasadas en la actualidad no es un buen ejemplo de igualdad para la ciudadanía. No podemos tener diferenciaciones territoriales dentro de un mismo país y llamarnos país. Es razonable que todos los ciudadanos dentro del territorio de una nación tengamos un trato igualitario ante la ley, la Hacienda y, en general, ante todas las instituciones. Como solución, o se suprimen los privilegios que tienen algunas comunidades autónomas, o nos reformamos como Estado federal o incluso confederal y, como se suele decir, “cada palo que aguante su vela”.