Una vez superada la primera década desde el estallido de la crisis económica y financiera mundial, los datos macroeconómicos muestran una realidad incuestionable, situando a España como uno de los países abanderados de la recuperación en . Tras la llegada de las tasas de crecimiento positivas en 2014, el año pasado alcanzábamos un crecimiento del PIB del 3,3%, cifra muy superior al 1,9% de la Unión.

El análisis macro permite vislumbrar un horizonte de bonanza económica, corroborado por el en su último informe sobre proyecciones macroeconómicas para el periodo 2017-2019, que mantiene una previsión de crecimiento del 3,1% en 2017, un 2,6% en 2018 y un 2,2% en 2019.

Todo este escenario de crecimiento ha quedado en entredicho con las tensiones políticas de . Como declaró hace pocos días el ministro de Economía, y Competitividad, , la crisis catalana no saldrá gratis desde el punto de vista económico, informando además, que será necesario revisar “algo por debajo” del 2,6% las previsiones de crecimiento de España para 2018.

La incertidumbre alcanzada en el desafío soberanista no ha tardado en hacerse notar en las decisiones de los agentes económicos. Los primeros en mover su sede social fuera de Cataluña han sido los bancos: y , buscando la protección del paraguas del . Les han seguido grandes empresas del Ibex 35 para evitar el castigo del mercado en sus cotizaciones. Ahora conocemos los datos de los registros mercantiles catalanes, que muestran la fuga de 1185 empresas que han trasladado su domicilio social fuera de la Comunidad Autónoma desde el referéndum ilegal el 1 de Octubre.

La desbandada de empresas hacia fuera de Cataluña ha hecho saltar las alarmas. Sin embargo, las corrientes independentistas han argumentado que este proceso es temporal y que sólo implica una modificación de la sede social o fiscal, pero que en ningún caso supondrá el traslado de los lugares de producción o de los empleos fuera de Cataluña. Los defensores de este planteamiento parecen no ser conscientes de la realidad económica y de la actitud de los agentes económicos el riesgo.

Algo transcendental para la riqueza de una región o un país son las empresas que invierten en la creación de centros de producción, es decir, en bienes de equipo y construcciones industriales que están destinadas a permanecer durante un largo periodo de tiempo en el lugar donde se asientan y que llevan asociado una gran cantidad de empleo para la zona. A estas inversiones, frecuentemente, se las relaciona en economía con los adjetivos “estructurales” y “productivas”. Un buen ejemplo que puede servir para ilustrar este tipo de inversión es el complejo industrial de SEAT en ().

Obviamente, un convencido independentista podría replicar que, pese al cambio de domicilios sociales o fiscales de empresas, él sigue viendo producir coches en Martorell y que debemos estar tranquilos, ya que los puestos de trabajo y la producción siguen allí. ¡No señor, de tranquilidad nada! Claro que en el corto plazo nadie hace desaparecer una fábrica de un lugar, pero sí existe un efecto instantáneo ante la incertidumbre, que consiste en que nadie pone una nueva planta en funcionamiento. Por ejemplo, la (EMA, por sus siglas en inglés) que barajaba la posibilidad de trasladarse a Barcelona, ha desechado casi por completo esta opción, ante la inseguridad generada en torno a la permanencia de la región dentro del territorio comunitario europeo en el escenario de una hipotética independencia de Cataluña.

Ahora pensemos en el futuro. Las grandes plantas industriales, ya instaladas en Cataluña, necesitarán ser renovadas con el tiempo, por ejemplo, por la llegada de un nuevo modelo de coche que requiera un sistema de ensamblaje más moderno (inversiones de modernización) o por la necesidad de producir más coches ante un repunte de la demanda (inversiones de expansión). Ante este tipo de decisiones, los dirigentes de SEAT se plantearán preguntas tales como: ¿Es Cataluña un lugar con un gobierno estable? ¿Existe seguridad jurídica? ¿No hay riesgo de revolución y revueltas sociales?

A día de hoy, no hay un gobierno estable, no existe seguridad jurídica y las tensiones en una sociedad divida son evidentes. Por lo tanto, no parece que Cataluña sea un buen escenario para acometer las inversiones. Pero, ¿y si se llega a una solución pactada momentánea o definitiva? De igual forma, los dirigentes de SEAT tendrán memoria y serán conscientes de las altas posibilidades de reaparición de las corrientes independentistas.

Todo el análisis deja clara una cosa: en los próximos años asumiremos un escenario en el que difícilmente se instalen grandes inversiones empresariales en la comunidad autónoma de Cataluña y existe una alta probabilidad de deslocalización de inversiones hacia fuera del territorio. El daño que reciba la economía española en su conjunto dependerá en gran medida de si esas deslocalizaciones se producen hacia otros lugares del territorio nacional, o hacia otras zonas situadas fuera de España.

Los nacionalismos se nutren del descontento de las personas y de un ilusionante relato populista, pero las personas se nutren del empleo y la riqueza que les proporciona su región. ¿Quién asumirá la responsabilidad si estos últimos son mermados? A España le queda mucho por mejorar, pero una huida hacia delante puede hacer chocar la ilusión de un nuevo proyecto con la dura respuesta de la economía, donde los animal spirits rigen el comportamiento empresarial tal y como Keynes nos descubrió.