Actualmente está bien establecido dentro el derecho internacional que la violencia contra la mujer es también una forma de discriminación, además de una violación de los derechos humanos. Por esto mismo los estados tienen la obligación de hacer respetar, proteger y cumplir las normas y modelos internacionales. El Estado es responsable por las violaciones de los derechos humanos cometidas tanto por el Estado mismo y/o por cualquiera de sus agentes (sancionando no sólo acciones sino también omisiones), como las cometidas por otros actores no estatales. En último caso, el Estado tiene el deber de prevenir, investigar y castigar tales actos otorgando un recurso efectivo.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto. El presente artículo discurrirá en torno al marco institucional y jurídico de la violencia contra la mujer en Bolivia e indica los vicios y virtudes del sistema.

Las conferencias mundiales sobre Derechos Humanos (entre éstas la realizada en Viena en junio de 1993; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo - El Cairo, Septiembre de 1994; la Cumbre de Desarrollo – Copenhague, Marzo de 1995 y la IV conferencia Mundial sobre la Mujer – Beijing, Septiembre de 1995), en las cuales ha participado Bolivia, y donde su gobierno ha adquirido compromisos que le han llevado a considerar avances normativos, cambiando de esta manera el sistema jurídico y el marco institucional de violencia de género.

Desde la perspectiva presente parece ser que los avances más importantes que logró Bolivia, provienen de la sanción de la Ley 1674 Contra La Violencia en la Familia o Doméstica. Con la sanción de esta ley se crearon las Brigadas de Protección a la Familia, cuya presencia en el marco institucional de violencia fue una novedad hasta entonces no reconocida.

Esta ley constituye la derogación del art. 276 del Código Penal, disposición que permitía la impunidad de las lesiones que eran causadas por los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos, afines en línea directa, cuñado etc. Por lo cual e indudablemente este hecho amplía las posibilidades de las víctimas y les permite, en el modo más efectivo, buscar justicia y sanción del agresor.

Tomando en consideración dicha ley, así como también las acciones paralelas realizadas por el gobierno boliviano y cooperaciones internacionales, es preponderante analizar cómo ha podido cambiar el marco institucional de la violencia así como la efectividad de los cambios propiciados. Es importante analizar también los instrumentos jurídicos relativos a los derechos de la mujer, violencia de género, violencia doméstica y familiar, que actualmente existen en Bolivia.

En lo referente a los servicios de atención y protección podemos contabilizar dos servicios nacionales: los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs) y las brigadas de atención a la familia (Brigadas de Protección a la Familia).

El Servicio Legal Integral Municipal

El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), es un servicio público municipal gratuito que tiene personal calificado para atender a la población en situaciones de riesgo. La Ley 1674 establece la política del Estado contra la violencia familiar en sus artículos (1°, 2°, 3°, f y 20°). Señala así que los SLIMs constituyen organismos municipales de apoyo para la lucha contra la violencia en la familia, y que deben funcionar en los diferentes municipios del país como parte integrante de los programas municipales de la mujer (PMM). Siendo este un servicio municipal permanente de defensa psico-social y legal a favor de las mujeres y la familia, que también brinda un tratamiento adecuado a la denuncias de violencia y discriminación.

Los bienes jurídicamente protegidos por la ley 1674 son: “La integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes del núcleo familiar” bajo los principios de equidad, oralidad, celeridad y gratuidad.

Los SLIMs brindan diferentes servicios profesionales como ser: la atención de abogado/a, psicólogo/a y trabajador/a social. El equipo de profesionales de los SLIMs difunden y capacitan a la población en el conocimiento de sus derechos, sobre la violencia y su tipología, así como las causas y consecuencias de esta. Entonces se puede decir que el objetivo general de los SLIMs es brindar un tratamiento adecuado a las denuncias de violencia y discriminación contra la mujer.

Las Brigadas de Protección a la Familia

Por otro lado existen las Brigadas de Protección a la Familia. Estas nacieron como un proyecto en respuesta a la creciente y alarmante situación de la mujer como víctima de la violencia en el hogar. La iniciativa se originó en el ex ONAMFA (Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia), y luego fue asumido por la Comisión de la Mujer de la Honorable Cámara de Diputados el año 1992. Posteriormente con el respaldo de la Subsecretaría de Asuntos de género, dio lugar a que la y el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lograran la ejecución de este proyecto.

Al igual que los SLIMs, las Brigadas también fueron establecidas por la Ley 1674 y, como se dijo antes, están creadas para recibir denuncias de cualquier tipo de violencia (física, sexual y psicológica). Todos servicios que prestan son de carácter policial y su objetivo general es lograr la atención oportuna y eficaz de los casos de violencia intrafamiliar, en el marco de las relaciones de género para contribuir a la erradicación de la violencia.

Es importante señalar en este punto, que aparte de organismos nacionales de atención familiar en el ámbito de género, el lugar muy importante de las ONGs que prestan servicios parecidos, pero que además lo hacen de un modo más efectivo. La razón de esta situación tiene que ver con los recursos económicos y profesionales de los cuales disponen las organizaciones no gubernamentales, superiores a los cuales cuentan las instituciones estatales.

Instituciones receptoras de denuncia

Existen tres principales fuentes de información sobre la violencia contra la mujer; estos son los registros de denuncia sobre los actos violentos cometidos contra la mujer, administrados por instituciones estatales, privadas y en organizaciones no gubernamentales.

Las instituciones estatales más representativas en este campo son: El Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA), , Fiscalías de Familia , Juzgados de Partido de Familia , Juzgados de Instrucción de Familia, Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados y Hospitales Estatales.

Entre las instituciones privadas receptoras de denuncias están: Los registros de Radio Televisión Popular (RPT), Oficina Jurídica y Consultorio de la Mujer. Las organizaciones no gubernamentales más importantes: Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Defensa de los Niños Internacional (DNI), Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) e INFANTE. Según un estudio realizado por la Subsecretaría de Asuntos de Género de un total de denuncias recibidas en los años noventa en Ciudad de Cochabamba, ciudad donde se tomó la muestra, el 81,5% fueron formuladas ante instituciones públicas, las instituciones privadas recibieron 9,1% mientras que las ONGs formularon un total de 9,4% del total de denuncias.

Tratamiento institucional

En este apartado se incluyen algunos datos conseguidos por Subsecretaría de Asuntos de Género, los cuales reflejan el tratamiento institucional que recibe la violencia contra la mujer en Bolivia.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

La violencia doméstica en el 44,7% de los casos ha quedado en denuncia. Según la Subsecretaría de Asuntos de Género existen dos razones por las que las denuncias no prosperan:

  • La presión de los familiares del agresor o del agresor mismo.
  • Falta de apoyo y confianza que la mujer percibe en las instituciones que conoce y que son las que deciden cómo proceder con las denuncias.

El 43% de los casos estuvo en trámite. Fue susceptible de investigación, acumulación de pruebas y testigos, pero no se alcanzó a indagar si llegó a una sentencia. El 12,3% de las denuncias fueron consideradas como caso cerrado por las instituciones, debido a que las partes llegaron a un acuerdo.

VIOLENCIA NO DOMÉSTICA

En cuanto a la violencia no doméstica, el índice de casos que quedan en denuncia es mayor ya que llega al 64,3%, en tanto que los que están en trámite representan el 15,8% y los cerrados el 19,9%.

Si analizamos en conjunto los dos ámbitos de la violencia alcanzamos la siguiente conclusión: de cada 10 denuncias de violencia física, sexual y psicológica; siete permanecen en los archivos de las instituciones y solamente tres han merecido pasar el trámite.

Además se puede señalar, en base a lo expuesto, que el problema real más grave es la falta de consolidación en cuanto al procedimiento aplicado por las diversas instituciones. Por ejemplo, en Ciudad de Cochabamba existen cuatro SLIMs, donde el modo de proceder de cada uno es diferente. Faltan requisitos fijos en los casos de denuncia, esto quiere decir que en cada uno de ellos se pide a las víctimas diferentes documentos que tienen que presentar para atención de su caso. En lo referente a la atención, esta semejante en cada uno de ellos. El personal profesional en cada uno de ellos también es un recurso escaso, tan solo en un SLIM cuenta con personal pleno (abogado/a, psicólogo/a, trabajador/a social). Por consiguiente la atención a las víctimas no es completa. También se observa que en nivel profesional de los funcionarios no es el deseable para las funciones que realizan.

Entre las causas principales de esta situación nos encontramos con la falta de fondos, sin duda insuficientes para cubrir todas las necesidades de las instituciones. Por esto mismo las ONGs tienen un rol importante en atención a las víctimas y que generalmente son consideradas una parte informal del marco institucional en el ámbito de violencia contra la mujer.

Bolivia recibe ayudas de diferentes cooperaciones internacionales (por ejemplo: Cooperación Sueca o Española), las cuales tienen un rol protagónico en los procesos de desarrollo, especialmente en lo referido a la defensa de los derechos humanos.

Todas estas críticas llevan a admitir que todavía se necesita mucho trabajo y mucho esfuerzo para mejorar el sistema jurídico, especialmente en lo referido a violencia contra la mujer. Bolivia es todavía un país en proceso de desarrollo, y que bien podría aprovechar de la experiencia de otros países, como por ejemplo los europeos. Las cooperaciones internacionales tienen un lugar importante dentro de los procesos y avances logrados en el ámbito del desarrollo humano.

Se debe empezar consolidando el funcionamiento de los SLIMs, aplicar reglas y requisitos claros y similares para los beneficiarios de sus servicios, que además cada uno de ellos conozca detalladamente el modo de proceder de acuerdo a su caso, y tengan claro los pasos a seguir. Esto también aumentaría nivel de confianza hacia las instituciones gubernamentales que sin duda mejoraría su funcionamiento.

Es un hecho que no admite dudas que la Ley contra la violencia doméstica logró avances importantes en el camino hacia la igualdad en Bolivia.

Por último decir que para cambiar una sociedad donde con frecuencia se observa casos violentos, no es suficiente implementar reformas legales, se tiene que influir en la mentalidad colectiva, raíz de los estereotipos negativos: el fondo de problema.